¿Sabías que muchas personas no son conscientes de que sus comportamientos controladores podrían estar tipificados como delitos en el Código Penal? Sigue leyendo y descubre las implicaciones jurídicas que pueden derivarse de una relación donde predomina el miedo.
Implicaciones penales de las relaciones basadas en el control y la intimidación
Las relaciones donde una persona ejerce control sistemático sobre otra no solo son éticamente reprobables, sino que pueden constituir diversos tipos penales contemplados en nuestra legislación. El Código Penal español, tras sus sucesivas reformas, ha reforzado la protección de las víctimas frente a estas conductas.
La Ley Orgánica 1/2015 supuso un importante avance al introducir nuevas figuras delictivas relacionadas con el control y la intimidación en el ámbito de las relaciones personales. Posteriormente, la Ley Orgánica 8/2021 reforzó aún más la protección de las víctimas, especialmente en entornos digitales.
Delitos específicos relacionados con el control y la intimidación en relaciones personales
El ordenamiento jurídico español contempla diversos tipos penales que pueden aplicarse a las conductas de control y generación de miedo en una relación. Estos son los principales:
- Violencia habitual en el ámbito familiar (Art. 173.2 CP): Penas de 6 meses a 3 años de prisión
- Coacciones (Art. 172 CP): Penas de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses
- Amenazas (Arts. 169-171 CP): Penas que pueden llegar hasta 5 años en casos graves
- Acoso o stalking (Art. 172 ter CP): Penas de 3 meses a 2 años o multa
- Violencia de género psicológica (Art. 153 CP): Penas de 6 meses a 1 año
Estos delitos no son excluyentes entre sí, lo que significa que una misma conducta puede ser constitutiva de varios tipos penales, aplicándose las reglas de concurso de delitos previstas en los artículos 73 a 79 del Código Penal.
Consecuencias jurídicas del control coercitivo en relaciones afectivas
El control coercitivo, término cada vez más reconocido en el ámbito jurídico, se refiere a un patrón de comportamiento que busca dominar a la pareja mediante técnicas como el aislamiento, la humillación, la vigilancia constante y la restricción de la autonomía personal.
Aunque el Código Penal español no utiliza expresamente este término, estas conductas pueden encuadrarse en varios tipos penales, especialmente tras las reformas legislativas de los últimos años que han ampliado la protección de las víctimas.
El delito de violencia habitual como respuesta al control sistemático
El artículo 173.2 del Código Penal establece:
«El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia […] será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.»
Este artículo es fundamental para perseguir las situaciones de control continuado, ya que contempla expresamente la violencia psíquica habitual, que incluye conductas como:
- Control constante de actividades, horarios y relaciones sociales
- Humillaciones reiteradas
- Imposición de reglas de comportamiento
- Creación de un clima de miedo y sumisión
Marco legal aplicable a las relaciones donde predomina el miedo y la intimidación
El sistema legal español ha evolucionado significativamente en su respuesta a las relaciones tóxicas. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un punto de inflexión, complementada por posteriores reformas que han ampliado la protección.
Actualmente, contamos con un marco jurídico que permite actuar contra diversas manifestaciones del control y la intimidación en las relaciones personales, no solo en el ámbito físico sino también en el psicológico y digital.
Delitos específicos contra la libertad: coacciones y amenazas
Las coacciones (art. 172 CP) y las amenazas (arts. 169-171 CP) son figuras delictivas frecuentemente aplicadas en casos de relaciones basadas en el control y el miedo.
El artículo 172.1 del Código Penal establece:
«El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.»
Cuando estas coacciones se producen en el ámbito de la pareja, el apartado 2 del mismo artículo prevé una agravación de la pena:
«Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental […] o cuando el autor actuare en abuso de una relación de superioridad […] Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre contra quien sea o haya sido el cónyuge o persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.»
Repercusiones legales del acoso y vigilancia en relaciones personales
La reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 introdujo el delito de acoso o stalking en el artículo 172 ter, que resulta especialmente relevante para perseguir conductas de vigilancia y control que generan miedo en la víctima.
Este artículo castiga a quien:
«Acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:
1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.»
La pena prevista es de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses, agravándose cuando la víctima es especialmente vulnerable o se trata de la pareja o ex pareja del acosador.
| Conducta | Artículo CP | Pena básica | Pena agravada (relación de pareja) |
|---|---|---|---|
| Violencia habitual | 173.2 | 6 meses a 3 años | Ya contempla la relación |
| Coacciones | 172.1-2 | 6 meses a 3 años | Mitad superior |
| Acoso/Stalking | 172 ter | 3 meses a 2 años | 1 a 2 años o 60-120 días-multa |
| Amenazas graves | 169 | 1 a 5 años | Mitad superior |
| Amenazas leves (VG) | 171.4 | 6 meses a 1 año | Ya contempla la relación |
Control digital y ciberacoso: nuevas formas de intimidación perseguibles
El avance tecnológico ha propiciado nuevas formas de control en las relaciones. Conductas como:
- Monitorización constante a través de aplicaciones de mensajería
- Instalación de software espía en dispositivos
- Control de cuentas en redes sociales
- Geolocalización no consentida
Estas acciones pueden ser perseguidas a través del delito de acoso (art. 172 ter CP), pero también mediante el delito contra la intimidad del artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quien:
«Para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.»
Protección legal para víctimas de relaciones controladas por el miedo
Las víctimas de relaciones basadas en el control y el miedo disponen de diversos mecanismos de protección en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica 1/2004 estableció un sistema integral que incluye tanto medidas penales como civiles y asistenciales.
Entre las medidas más relevantes destacan:
Órdenes de protección y medidas cautelares inmediatas
La orden de protección, regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es un instrumento fundamental que permite adoptar medidas cautelares penales y civiles en un plazo de 72 horas desde su solicitud. Entre estas medidas se incluyen:
- Prohibición de aproximación a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella
- Prohibición de comunicación por cualquier medio
- Salida obligatoria del domicilio común
- Suspensión de la patria potestad o custodia de menores
- Suspensión del régimen de visitas
- Prestación de alimentos
El incumplimiento de estas medidas constituye un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 CP, castigado con pena de prisión de 6 meses a 1 año.
Procedimiento legal ante situaciones de control y miedo en relaciones personales
Enfrentarse al sistema judicial puede resultar intimidante para las víctimas de relaciones controladas por el miedo. Sin embargo, conocer el procedimiento puede ayudar a dar el paso para buscar protección legal.
El proceso habitualmente sigue estos pasos:
- Denuncia: Puede presentarse ante la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica o Local, o directamente en el Juzgado de Guardia. También existen unidades especializadas como UFAM (Unidades de Familia y Mujer) de la Policía Nacional.
- Valoración del riesgo: Las fuerzas de seguridad realizan una evaluación inicial del riesgo mediante el protocolo VioGén.
- Comparecencia para la orden de protección: El juzgado convoca a las partes y al Ministerio Fiscal para decidir sobre las medidas de protección.
- Instrucción del procedimiento: Se investigan los hechos denunciados.
- Juicio: Dependiendo de la gravedad, se celebrará ante el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial.
- Sentencia y posibles recursos: La resolución puede ser recurrida.
Es importante destacar que las víctimas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita especializada desde el momento de la denuncia, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.
Pruebas determinantes en casos de control y miedo en relaciones
Uno de los mayores desafíos en estos procedimientos es la acreditación de las conductas de control y generación de miedo, especialmente cuando no hay violencia física. Las pruebas más relevantes suelen ser:
- Mensajes de texto, correos electrónicos o comunicaciones en redes sociales que evidencien control, amenazas o coacciones
- Grabaciones de llamadas (siempre que uno sea participante en la conversación)
- Testimonios de testigos (familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo)
- Informes médicos o psicológicos que documenten el impacto en la salud mental
- Denuncias previas, aunque se hayan retirado
- Informes de servicios sociales o centros de atención a víctimas
Es fundamental no eliminar pruebas digitales y, si es posible, realizar capturas de pantalla certificadas o solicitar la intervención de un perito informático para garantizar su validez probatoria.
Cómo AbogadoPenal.Madrid puede ayudarte en casos de relaciones basadas en el control
Enfrentarse a una situación de control y miedo en una relación requiere apoyo legal especializado. AbogadoPenal.Madrid cuenta con profesionales expertos en violencia psicológica y control coercitivo que pueden:
- Asesorar sobre las opciones legales disponibles según cada caso particular
- Preparar y presentar la denuncia con todos los elementos necesarios
- Solicitar medidas de protección adecuadas a la situación de riesgo
- Recopilar y presentar pruebas de manera efectiva
- Representar a la víctima durante todo el procedimiento judicial
- Coordinar con otros profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) para un abordaje integral
Nuestro equipo está especializado en la defensa de víctimas de relaciones tóxicas y conoce en profundidad la legislación aplicable y los criterios jurisprudenciales más recientes, lo que nos permite ofrecer una defensa efectiva y adaptada a cada situación.
Preguntas frecuentes sobre las consecuencias legales de relaciones basadas en el control
¿Puede considerarse delito el control psicológico sin violencia física?
Sí, absolutamente. El Código Penal español contempla expresamente la violencia psíquica como delito en el artículo 173.2. Además, conductas como el control constante, el aislamiento social o la humillación sistemática pueden constituir delitos de coacciones (art. 172 CP) o acoso (art. 172 ter CP), entre otros. La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, como la STS 420/2018, ha reforzado la persecución de estas conductas al considerar que «la violencia psíquica debe ser objeto de similar reproche penal que la física por su capacidad de menoscabar la salud mental de la víctima».
¿Qué hacer si no tengo pruebas físicas del control y la intimidación?
La ausencia de pruebas físicas no impide la persecución de estos delitos. Los tribunales valoran cada vez más otros elementos probatorios como:
- El testimonio coherente y persistente de la víctima
- Informes psicológicos que acrediten el daño emocional
- Testimonios de terceros que hayan presenciado comportamientos controladores
- Pruebas indirectas como cambios en los hábitos sociales de la víctima
Es recomendable buscar asesoramiento legal especializado para identificar posibles pruebas que puedan no resultar evidentes a primera vista.
¿Puedo retirar la denuncia si me arrepiento o tengo miedo a las consecuencias?
Aunque formalmente es posible manifestar la voluntad de no continuar con el procedimiento, en delitos de violencia de género o doméstica el proceso continúa de oficio, ya que se consideran delitos públicos perseguibles por el Ministerio Fiscal. La víctima puede acogerse a la dispensa de declarar contra su pareja o familiar (art. 416 LECrim), pero esto no implica necesariamente el archivo del caso si existen otras pruebas.
Es importante saber que existen recursos de apoyo (psicológico, social, económico) para las víctimas durante todo el proceso judicial, precisamente para evitar que el miedo o la dependencia emocional o económica impidan la persecución de estos delitos.
Conclusiones sobre las implicaciones legales de las relaciones basadas en el control
Las relaciones basadas en el control y el miedo no son solo problemáticas desde el punto de vista emocional, sino que constituyen conductas tipificadas en nuestro Código Penal que pueden acarrear graves consecuencias legales para quienes las ejercen.
La legislación española ha evolucionado significativamente para ofrecer una respuesta integral a estas situaciones, contemplando no solo la violencia física sino también la psicológica, el acoso y diversas formas de control coercitivo. Las penas pueden llegar hasta los cinco años de prisión en los casos más graves, además de medidas accesorias como prohibiciones de aproximación y comunicación, privación de derechos relacionados con los hijos comunes o porte de armas.
Para las víctimas, es fundamental saber que no están solas y que existen mecanismos legales de protección efectivos, así como profesionales especializados que pueden acompañarlas durante todo el proceso. Romper el ciclo del miedo y el control es posible, y el sistema judicial puede ser un aliado fundamental en este camino.
Si te encuentras en una relación donde predomina el control y el miedo, o conoces a alguien en esta situación, no dudes en buscar asesoramiento legal especializado. Dar el primer paso puede ser difícil, pero es el comienzo para recuperar la libertad y la dignidad.
Abogado ejerciente del ICAM con más de 15 años de experiencia. Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número de colegiado 128.064. Especializado en Derecho Penal. Actual Director del bufete Ródenas Abogados y Asociados S.L.U. Licenciado en Derecho por la Universidad Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B.) con Máster de Acceso a la Abogacía.