La cadena de custodia es uno de esos elementos procesales que, aunque técnicos, pueden determinar completamente el destino de un caso penal. Cuando hablamos de delitos tan graves como la pornografía infantil, donde las pruebas digitales son fundamentales, un solo error en el manejo de estas evidencias puede significar la diferencia entre una condena y un archivo. Hoy analizamos un caso paradigmático que demuestra la importancia crucial de estos procedimientos y cómo afectan directamente a los derechos de los investigados.
La importancia de la cadena de custodia en delitos de pornografía infantil
En mi experiencia como abogado especializado en delitos sexuales, he observado que los fallos en la cadena de custodia son más comunes de lo que la sociedad imagina. Estos errores técnicos, lejos de ser meras formalidades, constituyen garantías esenciales del proceso penal que protegen a cualquier ciudadano frente al poder punitivo del Estado.
La cadena de custodia representa el procedimiento documentado mediante el cual se garantiza la autenticidad, integridad y preservación de las evidencias obtenidas en una investigación criminal. En casos de pornografía infantil, donde el material probatorio suele ser digital (archivos informáticos, discos duros, dispositivos móviles), esta cadena adquiere una complejidad técnica particular.
¿Quieres saber por qué esto es tan importante? Porque cualquier ruptura en esta cadena puede invalidar completamente las pruebas obtenidas, como ocurrió en el caso que analizamos.
Marco legal de la cadena de custodia en España
La cadena de custodia encuentra su fundamento legal en varios preceptos de nuestro ordenamiento jurídico. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 338 que:
«Los instrumentos, armas y efectos a que se refiere el artículo 334 se recogerán de tal forma que se garantice su integridad y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito.»
Este precepto se complementa con el artículo 334 de la misma ley, que dispone:
«El Juez instructor ordenará recoger en los primeros momentos las armas, instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió, o en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida.»
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido perfilando los requisitos de la cadena de custodia, estableciendo que su ruptura afecta a la fiabilidad y autenticidad de las pruebas, no a su validez, lo que tiene importantes consecuencias procesales.
Análisis del caso: archivo por fallo en la cadena de custodia
El caso que nos ocupa resulta paradigmático. Un procedimiento por presunta tenencia de pornografía infantil fue archivado después de que la defensa demostrara irregularidades graves en el manejo de las evidencias digitales. Veamos los detalles que resultaron determinantes.
Los hechos se iniciaron tras una investigación policial internacional que rastreaba direcciones IP vinculadas a la descarga de material de pornografía infantil. Una de estas direcciones condujo a un domicilio en España, lo que motivó la solicitud de una orden judicial para el registro del mismo.
Durante el registro se incautaron varios dispositivos electrónicos: un ordenador portátil, dos discos duros externos, una tablet y tres teléfonos móviles. Aquí viene lo que nadie te cuenta: la forma en que estos dispositivos fueron manipulados, transportados y analizados presentó deficiencias críticas que acabarían siendo determinantes.
Irregularidades detectadas en el procedimiento
Las principales irregularidades que detectamos en este caso fueron:
- Falta de precintado adecuado de los dispositivos en el momento de su incautación
- Ausencia de documentación completa sobre quién tuvo acceso a los dispositivos entre su incautación y el análisis forense
- Demora injustificada de más de tres meses entre la incautación y el inicio del análisis pericial
- Carencia de registros sobre las condiciones de almacenamiento durante ese período
- Inconsistencias en las actas de entrega y recepción entre diferentes unidades policiales
Estos fallos procedimentales, que podrían parecer menores a ojos de un profano, constituyen en realidad vulneraciones graves del protocolo que debe seguirse en la obtención y manejo de pruebas digitales.
Fundamentos jurídicos del archivo del procedimiento
El auto de archivo del procedimiento se fundamentó principalmente en la imposibilidad de garantizar la integridad de las pruebas digitales debido a los fallos en la cadena de custodia. El juzgado consideró que existía una duda razonable sobre si los archivos encontrados en los dispositivos estaban realmente allí cuando fueron incautados o si pudieron ser alterados o añadidos posteriormente.
Como defensor en numerosos procedimientos de delitos sexuales, creo que este caso ilustra perfectamente cómo las garantías procesales no son meros obstáculos burocráticos, sino verdaderas salvaguardas de los derechos fundamentales de cualquier investigado.
El auto judicial se apoyó en diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando especialmente la STS 1190/2009 de 3 de diciembre, que establece:
«La cadena de custodia sirve para acreditar la identidad de las evidencias obtenidas y analizadas y para garantizar que las actuaciones realizadas desde su recogida hasta su estudio por los peritos se han desarrollado con las necesarias garantías para considerar que lo que se analiza es justamente lo que se ha recogido.»
El principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba
En estos casos, es fundamental recordar que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que solo puede ser desvirtuado mediante pruebas obtenidas con todas las garantías. El artículo 24.2 de la Constitución Española establece:
«Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.»
Veamos por qué este detalle marca la diferencia: cuando existen dudas sobre la integridad de las pruebas debido a fallos en la cadena de custodia, estas dudas deben resolverse siempre a favor del reo, en aplicación del principio in dubio pro reo.
Protocolos correctos para el manejo de evidencias digitales
Para evitar situaciones como la descrita, existen protocolos específicos que deben seguirse rigurosamente en la incautación y análisis de dispositivos electrónicos. Estos incluyen:
- Documentación exhaustiva del estado de los dispositivos en el momento de su incautación
- Fotografiado y etiquetado de cada elemento
- Precintado individual con sistemas que evidencien cualquier manipulación
- Registro detallado de cada persona que tiene acceso a los dispositivos
- Almacenamiento en condiciones adecuadas que eviten daños o alteraciones
- Análisis forense mediante copias, preservando los originales
- Documentación de cada paso del proceso de análisis
Cuando un cliente acude al despacho tras ser imputado por posesión de pornografía infantil, una de las primeras líneas de defensa que analizamos es precisamente la corrección en la obtención y manejo de las pruebas digitales, verificando meticulosamente si se han respetado todos estos protocolos.
Consecuencias procesales de los fallos en la cadena de custodia
Los fallos en la cadena de custodia pueden tener diversas consecuencias procesales, dependiendo de su gravedad y naturaleza:
- Archivo del procedimiento, como ocurrió en el caso analizado
- Exclusión de determinadas pruebas, pero continuación del procedimiento con otras evidencias no afectadas
- Valoración judicial negativa de la fiabilidad de las pruebas, aunque se admitan formalmente
- Sentencia absolutoria por aplicación del principio in dubio pro reo
Es importante destacar que los tribunales valoran caso por caso la entidad de los fallos en la cadena de custodia. No cualquier irregularidad menor conlleva automáticamente la invalidez de las pruebas, sino que debe tratarse de defectos que generen dudas razonables sobre la integridad o autenticidad de las evidencias.
Jurisprudencia relevante sobre cadena de custodia
La jurisprudencia española ha ido perfilando los requisitos y consecuencias de la cadena de custodia. Algunas sentencias especialmente relevantes son:
- STS 308/2013, de 26 de marzo, que establece que «la irregularidad de la cadena de custodia no constituye de por sí un motivo de nulidad de la prueba, sino que lo relevante es determinar si esa irregularidad compromete la autenticidad y fiabilidad de la prueba»
- STS 1072/2012, de 11 de diciembre, que afirma que «la cadena de custodia es una garantía de que lo analizado por los peritos es justamente lo mismo que fue aprehendido»
- STS 607/2012, de 9 de julio, que señala que «la cadena de custodia constituye una garantía de la autenticidad e inalterabilidad de la prueba»
Estrategias de defensa ante acusaciones de pornografía infantil
Cuando alguien se enfrenta a una acusación por tenencia de pornografía infantil, existen diversas estrategias de defensa que pueden plantearse, siendo el cuestionamiento de la cadena de custodia solo una de ellas:
- Análisis de la legalidad de la obtención de las pruebas (autorización judicial, proporcionalidad, etc.)
- Verificación de la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos
- Cuestionamiento del análisis pericial de los archivos encontrados
- Determinación de la autoría real de la descarga o posesión (especialmente en dispositivos compartidos)
- Análisis de posibles virus o malware que pudieran haber descargado el material automáticamente
- Valoración de la consciencia del investigado sobre el contenido de los archivos
En estas situaciones, lo más sensato que aconsejo es mantener la calma y buscar inmediatamente asesoramiento legal especializado. La defensa en estos casos requiere conocimientos técnicos específicos tanto en derecho penal como en informática forense.
El delito de pornografía infantil en el Código Penal español
Para contextualizar adecuadamente el caso analizado, conviene recordar la regulación del delito de pornografía infantil en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Penal tipifica estas conductas en su artículo 189, que establece:
«1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.»
El mismo artículo, en su apartado 5, castiga específicamente la mera posesión de este tipo de material:
«5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años.»
Definición legal de pornografía infantil
El propio Código Penal define qué se considera pornografía infantil en el apartado 1 del artículo 189:
«A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:
a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada.
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.»
Impacto psicológico de una acusación por pornografía infantil
No podemos ignorar el devastador impacto psicológico y social que una acusación de este tipo tiene sobre el investigado, incluso cuando finalmente se archiva el procedimiento. La mera imputación por un delito relacionado con pornografía infantil suele conllevar:
- Estigmatización social inmediata y duradera
- Problemas laborales graves, incluyendo despidos
- Ruptura de relaciones familiares y sociales
- Daños psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático
- Dificultades para rehacer la vida incluso tras un archivo o absolución
Según mi experiencia en este tipo de casos, es fundamental proporcionar al cliente no solo defensa jurídica, sino también apoyo psicológico y orientación sobre cómo manejar las consecuencias personales y sociales de la acusación.
Nuestro enfoque en la defensa de casos de pornografía infantil
En AbogadoPenal.Madrid, bajo mi dirección como abogado especializado en delitos sexuales, ofrecemos una defensa integral en casos relacionados con acusaciones de pornografía infantil. Nuestro enfoque incluye:
- Análisis exhaustivo de la legalidad de la investigación policial
- Verificación meticulosa de la cadena de custodia de las evidencias digitales
- Colaboración con peritos informáticos para contrastar los informes policiales
- Estrategias de defensa personalizadas según las circunstancias de cada caso
- Acompañamiento personal durante todo el procedimiento
- Coordinación con profesionales de la psicología para el apoyo emocional del cliente
- Gestión discreta de todas las actuaciones para proteger la reputación del defendido
Nuestra experiencia nos ha demostrado que una defensa técnicamente sólida y minuciosa puede marcar la diferencia entre una condena y un archivo, como ocurrió en el caso analizado.
Preguntas frecuentes sobre fallos en la cadena de custodia
¿Qué es exactamente la cadena de custodia y por qué es tan importante en delitos informáticos?
La cadena de custodia es el procedimiento documentado que garantiza la integridad, trazabilidad y autenticidad de las evidencias desde su obtención hasta su análisis y presentación en juicio. En delitos informáticos es particularmente crucial porque los datos digitales son extremadamente vulnerables a alteraciones, ya sea accidentales o deliberadas. Un simple acceso al dispositivo sin las debidas precauciones puede modificar metadatos, fechas de acceso o incluso el contenido de los archivos, comprometiendo completamente su valor probatorio.
¿Cualquier fallo en la cadena de custodia conlleva automáticamente el archivo del procedimiento?
No, no cualquier fallo conlleva automáticamente el archivo. Los tribunales valoran la entidad y relevancia del fallo en relación con la fiabilidad de la prueba. Irregularidades menores que no comprometan la autenticidad de las evidencias no suelen provocar su exclusión. Sin embargo, fallos graves que generen dudas razonables sobre si lo analizado es realmente lo incautado, o si pudo ser manipulado, sí pueden conducir al archivo o a la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo.
¿Qué debo hacer si soy investigado por un delito de pornografía infantil?
Lo primero y más importante es contactar inmediatamente con un abogado especializado en delitos sexuales y no hacer declaraciones sin su presencia. Es fundamental no manipular, borrar o acceder a los dispositivos electrónicos que puedan ser objeto de investigación, pues esto podría interpretarse como obstrucción a la justicia o destrucción de pruebas. Tu abogado deberá verificar la legalidad de todas las actuaciones policiales, incluyendo la obtención de la orden judicial para el registro, la incautación de dispositivos y el respeto a la cadena de custodia.
Conclusión: la importancia de las garantías procesales
El caso analizado sobre el archivo de un procedimiento por tenencia de pornografía infantil debido a fallos en la cadena de custodia nos recuerda la importancia crucial de las garantías procesales en nuestro sistema jurídico. Estas garantías no son meros formalismos, sino verdaderos mecanismos de protección de los derechos fundamentales frente al poder punitivo del Estado.
En delitos de especial gravedad y repercusión social, como los relacionados con pornografía infantil, es precisamente donde estas garantías deben ser más escrupulosamente respetadas. La presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías exigen que las pruebas que puedan desvirtuar esa presunción sean obtenidas, custodiadas y analizadas con absoluto rigor.
Como abogados especializados en derecho penal, nuestra misión es velar por que estos principios se respeten en cada caso, independientemente de la naturaleza de la acusación. Porque solo así se garantiza un sistema judicial verdaderamente justo, donde la condena se base en pruebas sólidas y no en prejuicios o procedimientos defectuosos.
Si te encuentras enfrentando una situación similar o tienes dudas sobre aspectos legales relacionados con la cadena de custodia o delitos informáticos, en AbogadoPenal.Madrid estamos a tu disposición para ofrecerte el asesoramiento especializado que necesitas.
Abogado ejerciente del ICAM con más de 15 años de experiencia. Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, colegiado número de colegiado 128.064. Especializado en Derecho Penal. Actual Director del bufete Ródenas Abogados y Asociados S.L.U. Licenciado en Derecho por la Universidad Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B.) con Máster de Acceso a la Abogacía.