¿Qué consecuencias tiene que un menor presencie insultos o amenazas en casa?

El impacto silencioso de la violencia verbal en el hogar puede marcar el desarrollo emocional y psicológico de los menores para toda la vida. Como abogado especializado en derecho penal y familiar, he visto cómo estos casos transforman no solo el presente de las familias, sino también el futuro de los niños que, sin ser víctimas directas, cargan con las consecuencias más profundas.

El trauma invisible: Cuando los menores presencian violencia verbal en el hogar

La violencia no siempre deja marcas visibles. Cuando un menor presencia insultos, amenazas o descalificaciones entre sus progenitores o hacia otros miembros de la familia, se produce lo que denominamos violencia vicaria o violencia ambiental. Este tipo de exposición, aunque no implique agresión física directa hacia el niño, constituye una forma de maltrato psicológico con consecuencias devastadoras.

En mi despacho he atendido a numerosas familias donde los menores han desarrollado trastornos de ansiedad, depresión y problemas de conducta tras ser testigos habituales de conflictos verbales intensos. Lo más alarmante es que muchos progenitores no son conscientes del daño que están causando, pues consideran que «solo son discusiones» o que «el niño no entiende lo que pasa».

¿Quieres saber por qué esto es tan importante? La legislación española ha evolucionado para reconocer esta realidad, y actualmente presenciar situaciones de violencia verbal en el hogar está considerado como una forma de maltrato infantil con implicaciones legales significativas.

El marco legal: Protección jurídica del menor ante la violencia verbal

El ordenamiento jurídico español contempla diversas disposiciones para proteger a los menores que presencian situaciones de violencia verbal en el entorno familiar. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, supuso un avance significativo en este ámbito.

En su artículo 1.2, esta ley establece:

«A los efectos de esta ley, se entiende por violencia toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.»

Esto implica que presenciar insultos o amenazas de forma habitual constituye una vulneración de los derechos del menor y puede tener consecuencias legales para los responsables.

Según mi experiencia en este tipo de casos, cuando los tribunales tienen constancia de que un menor está expuesto a violencia verbal en el hogar, pueden adoptarse medidas como:

• Modificación del régimen de custodia y visitas
• Intervención de los servicios sociales
• Establecimiento de órdenes de alejamiento
• En casos graves, suspensión de la patria potestad
• Imposición de programas de reeducación parental

Consecuencias psicológicas en los menores expuestos a violencia verbal

Los efectos de presenciar insultos y amenazas en el hogar van mucho más allá del momento concreto en que ocurren. Las investigaciones científicas demuestran que estos menores pueden desarrollar lo que se conoce como Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), similar al que experimentan las personas que han vivido situaciones de guerra o catástrofes.

Entre las consecuencias más frecuentes que he observado en mi práctica profesional destacan:

Efectos a corto plazo

• Alteraciones del sueño: pesadillas, insomnio, terrores nocturnos
• Problemas de concentración que afectan al rendimiento escolar
• Regresiones en el desarrollo (enuresis, habla infantilizada)
• Síntomas somáticos: dolores de cabeza, estómago, náuseas
• Conductas de evitación del hogar o de uno de los progenitores

Aquí viene lo que nadie te cuenta: estos síntomas a menudo son malinterpretados como problemas de conducta o trastornos del aprendizaje, cuando en realidad son mecanismos de defensa ante un entorno hostil. Los menores carecen de las herramientas emocionales para procesar el conflicto y lo manifiestan a través de su comportamiento o su salud.

Consecuencias a largo plazo

Las secuelas de crecer en un ambiente donde los insultos y amenazas son habituales pueden extenderse hasta la edad adulta:

• Normalización de la violencia como forma de resolver conflictos
• Dificultades para establecer relaciones afectivas saludables
• Mayor riesgo de desarrollar adicciones como mecanismo de evasión
• Problemas de autoestima y autoimagen que condicionan su desarrollo personal
• Tendencia a reproducir patrones de violencia en sus propias relaciones

Como defensor en numerosos procedimientos penales, creo que uno de los aspectos más preocupantes es la transmisión intergeneracional de la violencia. Los niños que crecen presenciando insultos y amenazas tienen mayor probabilidad de convertirse en agresores o víctimas en sus relaciones futuras, perpetuando así un ciclo destructivo.

La violencia verbal como forma de maltrato infantil en el Código Penal

Aunque tradicionalmente se ha prestado más atención al maltrato físico, nuestro ordenamiento jurídico ha evolucionado para reconocer que la exposición a la violencia verbal constituye una forma de maltrato psicológico hacia los menores.

El artículo 173.2 del Código Penal establece:

«El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.»

Veamos por qué este detalle marca la diferencia: la jurisprudencia ha interpretado que la exposición de los menores a situaciones de violencia verbal habitual constituye violencia psíquica en el sentido del artículo citado, aunque el menor no sea el destinatario directo de los insultos o amenazas.

En mi experiencia como abogado penalista, he comprobado cómo los tribunales valoran cada vez más el testimonio de profesionales como psicólogos infantiles o trabajadores sociales que pueden acreditar el impacto emocional que estos episodios tienen en los menores.

Agravantes cuando hay menores presentes

Es importante destacar que la presencia de menores durante episodios de violencia verbal entre adultos puede actuar como circunstancia agravante en determinados delitos. Por ejemplo, en casos de amenazas (artículo 169 CP) o injurias (artículo 208 CP), la presencia de menores puede influir en la valoración judicial del hecho y en la determinación de la pena.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, también reconoce expresamente a los menores como víctimas de la violencia de género cuando presencian situaciones de violencia contra sus madres.

Impacto en los procedimientos de familia: custodia y régimen de visitas

Cuando un menor está expuesto a situaciones de violencia verbal en el hogar, esto puede tener un impacto decisivo en los procedimientos de familia, especialmente en lo relativo a la custodia y el régimen de visitas.

El artículo 92.7 del Código Civil establece:

«No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.»

Mi valoración personal como abogado en este ámbito es que los tribunales están cada vez más sensibilizados con la necesidad de proteger a los menores de entornos familiares donde la violencia verbal es habitual. Esto se traduce en resoluciones que priorizan el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración.

En la práctica, esto puede suponer:

• Atribución de la custodia exclusiva al progenitor que garantice un entorno emocionalmente seguro
• Establecimiento de regímenes de visitas supervisados o en puntos de encuentro familiar
• Imposición de terapias de control de impulsos o programas de parentalidad positiva
• En casos graves, suspensión temporal del régimen de visitas hasta que se garantice la estabilidad emocional del menor

El papel de los servicios sociales y entidades de protección al menor

Cuando se detecta que un menor está presenciando habitualmente situaciones de violencia verbal en su hogar, los servicios sociales y las entidades de protección al menor juegan un papel fundamental.

Estos organismos pueden intervenir de diversas formas:

• Evaluación del entorno familiar y elaboración de informes para los juzgados
• Implementación de programas de intervención familiar para modificar patrones de comunicación disfuncionales
• Seguimiento periódico de la situación del menor
• En casos graves, propuesta de medidas de protección que pueden incluir la salida del menor del núcleo familiar

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, reforzó las competencias de estos organismos para intervenir en situaciones de riesgo, entre las que se incluye la exposición a violencia verbal.

Detección precoz: el papel de los centros educativos

Los centros educativos constituyen un entorno privilegiado para la detección precoz de situaciones en las que los menores están expuestos a violencia verbal en sus hogares. Los cambios de comportamiento, el bajo rendimiento académico o determinadas manifestaciones en dibujos o juegos pueden ser indicadores de que el menor está viviendo en un ambiente familiar conflictivo.

Los profesionales de la educación tienen la obligación legal de comunicar cualquier indicio de maltrato infantil, incluida la exposición a violencia verbal, a los servicios sociales o a las autoridades competentes.

Estrategias de intervención y apoyo psicológico para los menores afectados

Cuando un menor ha estado expuesto a situaciones de violencia verbal en el hogar, es fundamental proporcionarle el apoyo psicológico adecuado para minimizar las consecuencias a largo plazo.

Las intervenciones más efectivas incluyen:

• Terapia cognitivo-conductual adaptada a la edad del menor
• Técnicas de regulación emocional que les ayuden a gestionar la ansiedad y el miedo
• Creación de narrativas alternativas que les permitan integrar la experiencia traumática
• Fortalecimiento de la autoestima y desarrollo de habilidades sociales
• Cuando sea posible, terapia familiar para modificar patrones de comunicación disfuncionales

Lo que suelo recomendar a mis clientes en estos casos es que, independientemente del proceso judicial, prioricen la atención psicológica especializada para el menor. Los recursos públicos a veces son limitados, pero existen organizaciones y profesionales especializados en trauma infantil que pueden proporcionar el apoyo necesario.

Medidas preventivas: cómo evitar que los menores presencien violencia verbal

La prevención es siempre la mejor estrategia para proteger a los menores de las consecuencias de presenciar violencia verbal en el hogar. Algunas recomendaciones prácticas incluyen:

• Establecer métodos de comunicación respetuosa entre todos los miembros de la familia
• En caso de conflicto, alejarse del menor para discutir en privado
• Buscar mediación familiar ante problemas de comunicación recurrentes
• Participar en programas de parentalidad positiva que enseñen estrategias de resolución de conflictos
• Si la relación de pareja es conflictiva, considerar la separación como una alternativa que puede resultar menos dañina para el menor que la exposición continua a un ambiente hostil

En mi opinión como abogado penalista, muchas situaciones judiciales complejas podrían evitarse si existiera mayor conciencia sobre el impacto que la violencia verbal tiene en los menores y se buscara ayuda profesional en las primeras etapas del conflicto.

Aspectos procesales: ¿Cómo se prueba que un menor ha presenciado violencia verbal?

Uno de los mayores desafíos en estos casos es demostrar que el menor ha estado expuesto a situaciones de violencia verbal, especialmente cuando no hay testigos externos o evidencias físicas.

Los medios probatorios más habituales incluyen:

• Informes psicológicos que evalúen el estado emocional del menor y los posibles indicadores de trauma
• Testimonios de terceros (familiares, vecinos, profesores) que hayan presenciado episodios de violencia verbal
• Grabaciones de audio o vídeo (siempre que se hayan obtenido respetando los derechos fundamentales)
• Mensajes de texto, correos electrónicos u otras comunicaciones que evidencien un patrón de comunicación agresiva
• Exploración judicial del menor, realizada por profesionales especializados y con las debidas garantías

Cuando alguien llega al despacho tras enfrentarse a una acusación por exponer a un menor a violencia verbal en el hogar, lo primero que hago es explicarle la importancia de colaborar con los profesionales que evaluarán la situación. Una actitud defensiva o negacionista suele interpretarse negativamente y puede complicar la resolución del caso.

La prueba pericial psicológica

La prueba pericial psicológica tiene un valor fundamental en estos procedimientos. Los peritos psicólogos pueden determinar, mediante técnicas específicas, si el menor presenta síntomas compatibles con la exposición a violencia verbal y evaluar el impacto que esto ha tenido en su desarrollo emocional.

Es importante que estas evaluaciones sean realizadas por profesionales con formación específica en psicología forense y trauma infantil, ya que los menores pueden presentar síntomas complejos o incluso aparentar normalidad como mecanismo de defensa.

Jurisprudencia relevante sobre menores expuestos a violencia verbal

La jurisprudencia española ha evolucionado significativamente en el reconocimiento del daño que supone para los menores presenciar situaciones de violencia verbal en el hogar. Algunas sentencias destacables incluyen:

• La STS 188/2018, de 18 de abril, que reconoce que los menores expuestos a violencia de género son víctimas directas de la misma, aunque no hayan sufrido agresiones físicas.
• La STS 247/2018, de 24 de mayo, que considera la exposición de los menores a episodios de violencia verbal como un factor determinante para la modificación de medidas en procesos de familia.
• La STS 680/2015, de 26 de noviembre, que establece que la violencia psicológica ejercida en presencia de menores constituye un agravante en delitos de violencia doméstica.

Esta evolución jurisprudencial refleja una mayor conciencia social y judicial sobre las consecuencias a largo plazo que tiene para los menores crecer en entornos donde la violencia verbal es habitual.

Preguntas frecuentes sobre menores expuestos a violencia verbal

¿Puede un juez modificar la custodia si se demuestra que un menor presencia habitualmente insultos o amenazas?

Sí, la exposición habitual a violencia verbal constituye un motivo suficiente para revisar las medidas de custodia. Los tribunales priorizan siempre el interés superior del menor, y si se demuestra que uno de los progenitores proporciona un entorno emocionalmente más estable, es probable que se modifique la custodia a su favor. En casos graves, incluso puede suspenderse temporalmente el régimen de visitas hasta que se garantice que el menor no estará expuesto a situaciones traumáticas.

¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo está siendo expuesto a violencia verbal cuando está con el otro progenitor?

Lo primero es documentar cualquier indicio o cambio de comportamiento en el menor (alteraciones del sueño, ansiedad, regresiones en el desarrollo, etc.). Es recomendable consultar con un psicólogo infantil que pueda evaluar profesionalmente la situación. Si existen indicios fundados, se puede solicitar una modificación de medidas por vía judicial, aportando informes psicológicos y cualquier otra prueba disponible. En situaciones graves, es aconsejable ponerlo en conocimiento de los servicios sociales o presentar una denuncia.

¿Pueden los servicios sociales intervenir si un menor presencia habitualmente insultos o amenazas en casa?

Sí, los servicios sociales tienen competencia para intervenir en situaciones donde se detecte que un menor está en riesgo, incluida la exposición a violencia verbal. Su intervención puede ir desde el apoyo y seguimiento familiar hasta, en casos graves, la propuesta de medidas de protección más intensas. Cualquier persona (vecinos, familiares, profesores) puede comunicar a los servicios sociales una situación de posible riesgo para un menor, y estos tienen la obligación de investigarla.

Conclusión: La protección integral del menor como prioridad

La exposición de los menores a situaciones de violencia verbal en el hogar constituye una forma de maltrato psicológico con consecuencias profundas y duraderas. Nuestro ordenamiento jurídico ha evolucionado para reconocer esta realidad, estableciendo mecanismos de protección que priorizan el bienestar emocional de los niños y adolescentes.

Como sociedad, debemos avanzar hacia una mayor concienciación sobre el impacto que tienen las palabras y los conflictos verbales en el desarrollo psicológico de los menores. Los insultos y amenazas que un niño presencia en su hogar no son «solo palabras», sino experiencias traumáticas que pueden condicionar su visión del mundo y sus relaciones futuras.

En AbogadoPenal.Madrid, bajo mi dirección como especialista en derecho penal y familia, ofrecemos asesoramiento integral tanto a progenitores que buscan proteger a sus hijos de entornos emocionalmente tóxicos como a aquellos que han sido acusados de exponer a menores a situaciones de violencia verbal. Nuestro enfoque combina el rigor jurídico con una profunda comprensión de las dinámicas familiares y el impacto psicológico que estas situaciones tienen en los menores.

Cada caso es único y requiere un análisis detallado de las circunstancias particulares, pero el principio que guía nuestra actuación es siempre el mismo: la protección del interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración.