¿Qué es la violencia verbal y cuándo se convierte en delito?

Comprendiendo la violencia verbal: definición y alcance en el marco jurídico español

La violencia verbal se refiere a toda comunicación que daña psicológicamente a otra persona mediante insultos, humillaciones, desprecios, críticas destructivas o amenazas. A diferencia de la violencia física, no deja marcas visibles, pero sus efectos pueden ser igualmente devastadores para quien la sufre.

En el contexto legal español, no toda violencia verbal constituye automáticamente un delito. Para que las palabras traspasen la frontera de lo legalmente punible, deben cumplir ciertos requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Te has preguntado alguna vez dónde está exactamente esa línea? Sigue leyendo, porque estamos a punto de analizarlo en profundidad.

Elementos constitutivos de la violencia verbal desde la perspectiva legal

Para que la violencia verbal pueda considerarse jurídicamente relevante, debe contener ciertos elementos clave:

• Intencionalidad: Debe existir voluntad de dañar o menoscabar la dignidad de la otra persona.
• Reiteración: En algunos casos, como el acoso, se requiere habitualidad o repetición.
• Contenido lesivo: Las expresiones deben tener capacidad real de dañar la dignidad, honor o integridad psicológica.
• Contexto: Las circunstancias en que se producen las expresiones son determinantes para su valoración legal.

Estos elementos son evaluados cuidadosamente por los tribunales para determinar si estamos ante un comportamiento que, aunque reprobable moralmente, pertenece al ámbito privado, o si constituye una conducta que merece reproche penal.

Tipos de violencia verbal que pueden constituir delito según la legislación actual

No todas las formas de violencia verbal reciben el mismo tratamiento en nuestro Código Penal. Dependiendo de su naturaleza, intensidad y contexto, pueden encuadrarse en diferentes tipos penales. Veamos los principales escenarios donde las palabras pueden convertirse en delito:

Amenazas: cuando las palabras generan temor fundado

Las amenazas representan una de las formas más claras de violencia verbal penalmente relevante. El artículo 169 del Código Penal (actualizado tras la reforma de la LO 1/2015) establece:

«El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito…

2.º Con la pena de prisión de seis meses a tres años, si la amenaza no hubiere sido condicional.»

Para que las palabras amenazantes constituyan delito, deben generar un temor real y creíble en la víctima. No basta con expresiones vagas o dichas en un contexto claramente hiperbólico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que debe existir una «seriedad aparente» que haga que la amenaza sea percibida como verosímil.

Injurias y calumnias: el ataque al honor mediante palabras

Otra manifestación de violencia verbal que puede constituir delito son las injurias y calumnias, reguladas en los artículos 205 a 216 del Código Penal. La calumnia consiste en la imputación falsa de un delito, mientras que la injuria es la acción que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

El artículo 205 define la calumnia como:

«Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.»

Por su parte, el artículo 208 establece sobre la injuria:

«Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves…»

Es importante destacar que estos delitos requieren generalmente la denuncia de la persona ofendida para ser perseguidos (son delitos privados), salvo cuando se dirigen contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

Coacciones y acoso verbal: limitando la libertad ajena

El acoso verbal, especialmente cuando es persistente y sistemático, puede constituir un delito de coacciones (artículo 172 CP) o de acoso (artículo 172 ter, introducido por la reforma de 2015). Este último establece:

«1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.»

Este tipo penal, conocido como stalking, incluye formas de acoso que pueden manifestarse verbalmente, como las llamadas telefónicas insistentes o los mensajes reiterados no deseados.

La violencia verbal en contextos específicos: agravantes y consideraciones especiales

El contexto en que se produce la violencia verbal es determinante para su valoración jurídica. Existen situaciones donde las expresiones verbales agresivas reciben un tratamiento legal específico debido a las circunstancias particulares en que se producen.

Violencia verbal en el ámbito de la pareja: la violencia de género

Cuando la violencia verbal se produce en el contexto de una relación de pareja (presente o pasada), puede constituir un delito de violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género otorga una protección reforzada a las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas masculinas.

En este contexto, las amenazas leves (artículo 171.4 CP) y las coacciones leves (artículo 172.2 CP) se consideran delito, mientras que fuera de este ámbito podrían ser consideradas infracciones menores. Además, el artículo 173.2 del Código Penal tipifica el maltrato habitual:

«El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia… será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años…»

La violencia psíquica mencionada en este artículo incluye claramente formas de violencia verbal como insultos sistemáticos, humillaciones o amenazas que crean un clima de temor constante.

Discurso de odio: cuando las palabras atacan a colectivos vulnerables

Otra forma de violencia verbal penalmente relevante es el discurso de odio, regulado en el artículo 510 del Código Penal, sustancialmente modificado por la LO 1/2015:

«1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.»

Este tipo penal sanciona expresiones que, por su contenido discriminatorio hacia colectivos vulnerables, trascienden la mera opinión para convertirse en incitaciones al odio o la violencia.

Procedimiento legal ante casos de violencia verbal constitutiva de delito

Si has sido víctima de violencia verbal que podría constituir delito, es fundamental conocer los pasos a seguir para hacer valer tus derechos. El procedimiento legal varía según el tipo de delito:

Vías de denuncia y plazos de prescripción

Los delitos relacionados con la violencia verbal pueden denunciarse a través de diferentes canales:

• Policía Nacional o Guardia Civil: Presentando una denuncia en cualquier comisaría.
• Juzgado de Guardia: Mediante denuncia o querella.
• Fiscalía: Especialmente en casos de violencia de género o discurso de odio.

Respecto a los plazos de prescripción, según el artículo 131 del Código Penal:

• Delitos graves (pena superior a 5 años): 10 años
• Delitos menos graves (pena de 3 a 5 años): 5 años
• Delitos leves: 1 año

En el caso específico de injurias y calumnias, el artículo 215.2 CP establece un plazo de prescripción de 1 año.

Pruebas necesarias para demostrar la violencia verbal

Uno de los mayores desafíos en los casos de violencia verbal es la recopilación de pruebas. Las más efectivas suelen ser:

• Mensajes de texto, correos electrónicos o comunicaciones en redes sociales donde consten las expresiones amenazantes o injuriosas.
• Grabaciones de audio o vídeo, siempre que se hayan obtenido legalmente.
• Testimonios de testigos que hayan presenciado los hechos.
• Informes psicológicos que acrediten el daño emocional causado.
• Denuncias previas que demuestren un patrón de conducta.

Es importante recordar que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 741, los jueces valorarán las pruebas según su conciencia, atendiendo a las reglas del criterio racional.

Cómo AbogadoPenal.Madrid puede ayudarte en casos de violencia verbal

Enfrentarse a situaciones de violencia verbal que pueden constituir delito es un proceso complejo que requiere asesoramiento especializado. En AbogadoPenal.Madrid contamos con un equipo de profesionales expertos en derecho penal que pueden brindarte el apoyo necesario en cada fase del proceso.

Estoy de acuerdo contigo en que navegar por el sistema legal puede resultar abrumador cuando eres víctima de violencia verbal. Te prometo que nuestro equipo te acompañará en cada paso del camino, desde la evaluación inicial de tu caso hasta la resolución final. A continuación, te mostraré cómo podemos ayudarte concretamente.

Servicios de asesoramiento y representación legal especializada

Nuestros servicios incluyen:

• Evaluación inicial gratuita para determinar si la violencia verbal sufrida constituye delito.
• Asesoramiento sobre la estrategia legal más adecuada según las circunstancias específicas.
• Redacción y presentación de denuncias o querellas con todos los requisitos legales.
• Recopilación y análisis de pruebas para construir un caso sólido.
• Representación en todas las fases del procedimiento, desde la instrucción hasta el juicio oral.
• Solicitud de medidas de protección cuando sean necesarias.

Nuestro enfoque personalizado garantiza que cada cliente reciba la atención que merece, adaptando nuestra estrategia a las particularidades de cada caso de violencia verbal.

Preguntas frecuentes sobre violencia verbal y su tratamiento legal

¿Puede un insulto aislado constituir un delito?

En general, un insulto aislado no suele constituir delito, salvo que sea especialmente grave y se produzca en determinados contextos. Para que una injuria sea delito, según el artículo 208 del Código Penal, debe ser considerada grave «por su naturaleza, efectos y circunstancias». La jurisprudencia tiende a considerar que las expresiones proferidas en un momento de acaloramiento o enfado puntual no alcanzan la gravedad suficiente para merecer reproche penal, quedando en el ámbito de las relaciones sociales.

Sin embargo, si el insulto se produce en un contexto de violencia de género o contiene elementos discriminatorios hacia colectivos protegidos, podría tener relevancia penal incluso siendo un hecho aislado.

¿Qué diferencia hay entre libertad de expresión y violencia verbal?

La línea entre libertad de expresión y violencia verbal punible es uno de los debates jurídicos más complejos. El Tribunal Constitucional ha establecido en numerosas sentencias (como la STC 177/2015) que la libertad de expresión no ampara:

• El «discurso del odio» dirigido a colectivos vulnerables
• Las amenazas concretas y creíbles
• Las expresiones vejatorias innecesarias para la expresión de ideas
• La imputación de hechos falsos con conocimiento de su falsedad (calumnia)

La clave está en distinguir entre la crítica, incluso áspera o desabrida, que está protegida constitucionalmente, y aquellas expresiones que por su contenido amenazante, vejatorio o discriminatorio exceden los límites de la libertad de expresión.

¿Pueden las redes sociales agravar la consideración legal de la violencia verbal?

Sí, el uso de redes sociales puede ser un factor agravante en casos de violencia verbal por varias razones:

• Mayor difusión: El artículo 211 del Código Penal considera que las injurias y calumnias se cometen «con publicidad» cuando se propagan por medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, lo que incluye las redes sociales.
• Permanencia: A diferencia de las palabras dichas, el contenido en redes puede permanecer accesible indefinidamente, prolongando el daño.
• Efecto multiplicador: La posibilidad de compartir o reenviar contenidos puede amplificar el impacto negativo.

La jurisprudencia reciente (como la STS 706/2017) ha establecido que las redes sociales constituyen un medio de comunicación con gran capacidad de difusión, por lo que las expresiones vejatorias o amenazantes realizadas a través de ellas pueden recibir una valoración penal más severa.

Conclusiones: la importancia de reconocer y actuar ante la violencia verbal

La violencia verbal representa una forma de agresión que, aunque invisible físicamente, puede causar profundas heridas psicológicas. A lo largo de este artículo, hemos analizado cuándo estas expresiones traspasan la frontera de lo socialmente reprochable para convertirse en conductas penalmente relevantes.

Es fundamental comprender que nuestro ordenamiento jurídico establece límites claros a lo que podemos decir, especialmente cuando nuestras palabras tienen la capacidad de dañar a otros. Las amenazas, injurias, calumnias y expresiones de odio no están amparadas por la libertad de expresión cuando cumplen los requisitos que las convierten en delito.

Si eres víctima de violencia verbal que podría constituir delito, recuerda que no estás solo/a. Existen mecanismos legales para protegerte y profesionales como los de AbogadoPenal.Madrid dispuestos a asesorarte y representarte. No dudes en buscar ayuda y denunciar, pues solo así podremos construir una sociedad donde las palabras se usen para comunicar y no para herir.

La palabra tiene poder, y con ese poder viene responsabilidad. Reconocer los límites legales de lo que decimos es parte fundamental de una convivencia respetuosa y pacífica.